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Convenios de la OIT

Convenios de la OIT

Miércoles, 08 Agosto 2012 06:20

LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL FALLO SISTEMICO DE LA JUSTICIA EN GUATEMALA

Durante los últimos años se ha venido operando un proceso desnaturalizante de la función de la Corte de Constitucionalidad al punto de haber modificado la institucionalidad constitucional sobre la base de criterios aún contrarios al contenido expreso de la propia Constitución.

Fallos como el emitido en el caso de los procedimientos por faltas contra las leyes de trabajo y previsión social remitiendo su trámite a la vía incidental atribuyéndose la Corte las facultades legislativas del Congreso de la República; la fijación de una fecha de entrada en vigencia del salario mínimo fijado para el año 2002,  el reconocimiento de personalidad y personería jurídica al Ministerio Público distinta a la del Estado de Guatemala y  lo resuelto actualmente en el caso del Acuerdo 1090 de la Junta Directiva del IGSS y el Acuerdo 02-2000 del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal en donde reconoce una facultad reglamentaria que implica la promulgación de un sistema de servicio de Civil por parte de dichas instituciones aún y cuando carecen de facultades legislativas, son sólo algunos ejemplos que evidencian la instauración de un órgano que no sólo no cumple con su función constitucional sino que, además, carece de control alguno.

Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no son susceptibles de ser revisadas por ningún órgano nacional en tanto que los magistrados miembros de la misma se encuentran exentos de cualquier responsabilidad por los criterios manifestados en el ejercicio de sus cargos tal y como lo establece el artículo 167 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, constituyendo el único caso de excepción a los artículos 154 y 155 constitucionales que cierra el círculo de indefensión de la población ante dicho organismo.

La ausencia de justicia constitucional es tan alarmante que la Corte de Constitucionalidad ha establecido una serie de requisitos subjetivos y discrecionales para ejercer el control sobre la constitucionalidad de leyes o reglamentos de aplicación general llegando en ciertos casos a exigir que la confrontación de una norma con la constitución para ser declarada inconstitucionalidad se manifieste de manera textual,  o bien señalando la falta de esta confrontación sin ninguna argumentación para denegar el acceso a la justicia de la población.

En cuanto a los requisitos de planteamiento de una acción de inconstitucionalidad el artículo 135 de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad  regula que: “La petición de inconstitucionalidad se hará por escrito, conteniendo en lo aplicable los requisitos exigidos en toda primera solicitud conforme las leyes procesales comunes, expresando en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación.”

Ha de enfatizarse que dentro de  los requisitos para el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad solamente se requiere la expresión en forma razonada y clara de los motivos en que descansa el planteamiento; es decir, la norma no se refiere a la necesidad de realizar una “confrontación” de la norma impugnada con la norma constitucional; extremo que resultaría eminentemente subjetivo y siendo que los requisitos del planteamiento se encuentran regulados por una norma específica con rango constitucional, estos no pueden ser modificados por la vía reglamentaria, del criterio del tribunal o de cualquier otra forma que afecte el sentido, alcance y efectividad de la acción.

En resguardo del derecho de las personas de defenderse contra violaciones a sus derechos y de la vigencia del propio orden constitucional, en caso de adolecer el planteamiento de alguno de los requisitos que establece la ley de la materia, el propio artículo 136 de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad regula que: “Si en el memorial de interposición se hubieren omitido requisitos, la Corte de Constitucionalidad ordenará al interponente suplirlos dentro de tercero día.”.  En otras palabras, establece al tribunal el deber de revisar el cumplimiento de los requisitos de planteamiento de la acción y en caso de debilidades en el mismo le regula el deber de indicárselo al interponente y fijarle un plazo para su cumplimiento.

Dicho de otra forma, si el planteamiento inicial no cumpliese con expresar “…en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación…”,  esto se le debe hacer saber al interponente por parte del tribunal a efecto de que subsane tal error, entendiéndose que si tal debilidad no fue señalada por el tribunal en su oportunidad procesal, argumentarla de manera posterior para denegar una inconstitucionalidad vulnera el derecho de defensa y debido proceso del interponente más allá de que pudiera considerarse un recurso apartado de la buena fe.

Otro de los extremos aducidos por la Corte de Constitucionalidad para denegar el acceso a la justicia constitucional a los sectores más excluidos de la población ha sido su señalamiento  respecto a que la misma no puede hacer una integración e interpretación de la Ley más allá de los artículos citados en el memorial de interposición y de lo alegado de  inconstitucional esto a pesar de que los mismos se citen y de que el artículo 42 de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad establece  que:  “Al pronunciar sentencia, el tribunal de amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente; examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes…” [Las negrillas, cursivas y subrayados son propios].

Dicho de otra forma, el deber jurídico de la Corte de Constitucionalidad de defensa del orden constitucional excede de las propias alegaciones de las partes así como la incompatibilidad con dicho deber del establecimiento de requisitos no basados en ley y esto se entiende a partir de que las violaciones denunciadas afectan derechos humanos y ponen en riesgo el orden constitucional cuyo resguardo ha sido asignado como un deber de dicho tribunal.

El establecimiento de un requisito que no está establecido por la ley, subjetivo, no advertido por el tribunal en buena fe al interponente aun a pesar de establecer la ley dicho deber jurídico, que traslada al ciudadano el cumplimiento del deber del tribunal y admite la evasión del tribunal del deber de garantizar el acceso y plena satisfacción del requerimiento de justicia realizado, vulnera abiertamente las garantías previstas en los artículos 1.1, 2, 8, 24, 25 y 26 de la Convención americana sobre derechos humanos.

Esta situación es agravada a partir de que tales actos no admiten recurso alguno que garantice una defensa efectiva, tal y como lo establece el artículo 142 de la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad que regula: “Contra las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y contra los autos dictados de conformidad con lo preceptuado por el artículo 138, no cabrá recurso alguno.” Y cuando se garantiza la impunidad absoluta de los funcionarios públicos que integran la Corte de Constitucionalidad de conformidad de conformidad con el artículo 167 de esa misma ley que regula: “…No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.”

Resulta importante enfatizar en que las opiniones expresadas en el ejercicio del cargo de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad se expresan en sentencias y opiniones consultivas; en consecuencia, estamos ante un caso inverosímil en que se exenta de responsabilidad a un funcionario público por los actos ejecutados en el ejercicio de su función pública.

De allí que lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad respecto al Acuerdo 1090 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y del Acuerdo 02-2000 del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, al confundir la facultad reglamentaria con la promulgación de un servicio civil propio, restrictivo y regresivo de las garantías mínimas e irrenunciables de las trabajadoras y trabajadores del sector público, de la Constitución y de los Convenios internacionales en materia de derechos humanos y bajo una argumentación contradictoria en sí que solamente reafirma el Estado de indefensión de la población guatemalteca ante la reivindicación de la Corte de Constitucionalidad de alterar mediante su criterio y resoluciones, el sentido, institucionalidad y principios establecidos en la Constitución.

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- como fue anunciado hace poco más de una semana, ha iniciado un proceso de cuestionamiento ante el sistema interamericano de derechos humanos debido a la falta de calidad de la justicia que se imparte en Guatemala y que hace parte de los elementos que configuran el fallo sistémico de la justicia en Guatemala.

El MSICG, como organización democrática, representativa y comprometida con la construcción del Estado social de derecho, sin perjuicio de su deber de accionar ante la comunidad internacional por el Estado de indefensión a que nos encontramos sometidos los guatemaltecos y guatemaltecos, hace un llamado a la reflexión sobre la necesidad de preservar y defender la institucionalidad creada en la Constitución actualmente vigente y garantizar que el Estado Guatemala garantice  la plena sujeción a la Constitución, los Convenios internacionales, y las leyes del país por parte de los órganos encargados de administrar la justicia tanto ordinaria como constitucional.

También hace un llamado a la reflexión en cuanto a la vigencia de un Estado de derecho en donde se reconozcan categorías de funcionarios públicos inmunes de las responsabilidades derivadas de su conducta oficial y de condiciones que permitan convertir a un órgano garante de la positividad de los principios constitucionales en un instrumento de debilitamiento, tergiversación o modificación ad hoc del orden constitucional.

La defensa de la Constitución, de los derechos humanos y de la plena garantía de positividad del Estado de derecho es un deber ineludible del sindicalismo urbano, indígena y campesino de Guatemala.

Guatemala, 7 de agosto de 2011.



CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG