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Guatemala, enfrenta hoy día una grave crisis en todos los aspectos que de una u otra forma nos afecta a todas las guatemaltecas y guatemaltecos; si bien es cierto, el combate a la corrupción se ha erigido mediáticamente como un catalizador del descontento acumulado de la población, la desconfianza y falta de credibilidad en la institucionalidad del Estado, se trata de un problema mucho más profundo en el que la corrupción se presenta como la muestra más visible de la inoperancia del sistema de justicia, del Congreso de la República y la disfuncionalidad del Organismo Ejecutivo. La crisis en Guatemala es, esencialmente, un problema de democracia que no se resuelve maquillando las estructuras estatales, ya que la ausencia de coincidencia entre el ser y el deber ser de las instituciones es el producto directo de una total ausencia de representación de los intereses de la población en los diferentes poderes del Estado. Referirse a la posibilidad de cambios sustanciales en materia de transparencia, de eficiencia del poder público, de eficacia del sistema de justicia y de cambios en la mediocre y descarada acción del Congreso de la República, constituye una tarea imposible si tenemos en cuenta que el poder del Estado ha sido asentado en un sistema inoperante de partidos políticos que mercadean los poderes locales, las representaciones en el Congreso y desde allí, estructuran el sistema de justicia, la política tributaria del Estado, las políticas de inversión del Estado e incluso las políticas laborales del Estado. Esto ha sido…
Hoy, 29 de junio del año 2017, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- y sus organizaciones miembros: Sindicato de Trabajadores de Educación de Telesecundarias Retalhuleu –STETREU; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Santa Rosa –SINTRAT S.R.-; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Quiché –STETQUICH-; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Sacatepéquez –STETSAC-; Sindicato de Trabajadores de Educación de Telesecundarias de Suchitepéquez –STETSUCHI-; Sindicato de Trabajadores Educativos de Telesecundaria de Quetzaltenango –STETQ-; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Telesecundarias de San Marcos –STETSANMARCOS-; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Izabal –SINTRATIZAB-; Sindicato de Trabajadores de la Educación Básica de los Institutos Nacionales de Telesecundaria del departamento de Jutiapa –S.T.E.B.I.N.T.J.-; secciones de Telesecundaria de Chiquimula y Escuintla, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad Acción de Inconstitucionalidad General Total del Acuerdo MINISTERIAL NÚMERO 1680-2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL 16 DE JUNIO DE 2017. A través de este Acuerdo el Ministro de Educación OSCAR HUGO LÓPEZ RIVAS Reforma el Acuerdo Ministerial número 1021-2017, de fecha 4 de abril de 2017 del mismo Ministerio de Educación que se encuentra actualmente impugnado ante la Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente Número 2039-2017. Ambos acuerdos emitidos por OSCAR HUGO LOPEZ RIVAS tienden a promover la supresión de establecimientos de telesecundaria en todo el país que son los que llevan la educación…
Hoy, 26 de mayo del año 2017, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- presentó el Compendio “MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS APLICABLE AL ESTADO DE GUATEMALA Y JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE TIERRAS ANCESTRALES Y RECURSOS NATURALES”. En su presentación el MSICG recordó que a pesar de que han transcurrido veinte años desde la suscripción de los Acuerdos de paz firme y duradera, el modelo sobreviniente mantiene la postergación del combate efectivo a la discriminación racial; el reconocimiento pleno en la práctica de los idiomas indígenas como pilares sobre los cuales se asienta la cultura, se adquiere, se transmite la cosmovisión, sus conocimientos y valores culturales; el reconocimiento del estatus y la capacidad jurídica plena de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas que incluyen tanto la tenencia comunal como colectiva; los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio propio y sin perjuicio de su hábitat; el derecho a la libre determinación y al autogobierno, etcétera. Esta postergación en el reconocimiento y positividad de estos derechos elementales y la voluntad decidida de mantener y profundizar el modelo excluyente y discriminativo puede constatarse también en la casi nula evolución de la legislación nacional y la escasa difusión que desde el Estado se propicia a los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de los pueblos indígenas, la falta de…
Hoy, 8 de mayo del año 2017 el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- llevó a cabo una movilización de miles de trabajadores en la Ciudad Capital, la cual dio inicio en la Corte Suprema de Justicia, se trasladó a la Corte de Constitucionalidad y finalmente concluyó en Casa Presidencial. En la Corte Suprema de Justicia el MSICG condenó el accionar de dicho tribunal, específicamente a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, que ha convertido el amparo en una herramienta de dilación y garantía de impunidad, otorgando, por regla general, amparos provisionales y definitivos a los patronos violadores de las garantías al trabajo y a la libertad sindical para interrumpir el libre curso de la justicia y asegurar que el hambre ahogue a los y las trabajadoras que nos hemos atrevido a requerir que se aplique la ley y que hemos instado con tal fin el sistema de justicia, sistema de justicia que nosotros pagamos de nuestros precarios salarios puesto que, como de todos es sabido, en Guatemala los empresarios no pagan impuestos porque para eso se pagaron diputados que desde el Congreso de la República los han exonerado de tal obligación a través de distintas leyes. La Central Sindical condenó también la política de impunidad que la Corte Suprema de justicia garantiza a través del antejuicio a los funcionarios y empleados públicos que cometen delitos para violentar los derechos de los y las trabajadoras y la creación por parte de dicha Corte de las denominadas Magistraturas…
Dentro del Caso 2927 publicado en el 381er. Informe del Comité de Libertad Sindical fueron conocidos por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en su reunión del 9 al 24 de marzo del año 2017 celebrada en Ginebra, Suiza los alegatos presentados por el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- respecto a la criminalización de que estaban siendo objeto los compañeros RODOLFO JUAREZ RALDA y LAYLA LERISA CHANQUIN JOCOL ambos médicos, dirigentes del SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -STPIGSS- y dirigentes del MSICG y respecto a la violación del derecho de negociación colectiva de su Sindicato afiliado SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –STOPGN-. La persecución penal contra nuestros compañeros RODOLFO JUAREZ RALDA y LAYLA LERISA CHANQUIN JOCOL se inició luego de que el MSICG planteara acciones de inconstitucionalidad en contra de una serie de acuerdos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que entre otras cosas incrementaba la edad de jubilación, aumentaban las cotizaciones, eliminaban el concepto de carga familiar, sustituían el IGSS por clínicas bajo el control del patrono e impedía que los trabajadores y trabajadoras pudieran acudir directamente IGSS y generalizaba la externalización de servicios, entre otras medidas que configuraban la destrucción del sistema de seguridad social. Esta persecución penal iniciada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y respaldada por el Ministerio Público se basó en actos realizados por el Sindicato al amparo de…
En sentencia de fecha 22 de marzo del año 2017 la Corte de Constitucionalidad dejó firme la orden de reinstalación de los compañeros Julio Mizraim Tzul Hernandez, Karla Joanna García Santiago, Eva Luz Girón Urizar de Solis, Sandra Gabriela Quiroa Morales, Sandra Bernarda Baquiax Rojas de Yax, Ana Lucia del Carmen Carrascosa Barrera, y Julio Cesar Fernandez Villagran todos miembros del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA –SITRAPDH- y del MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- quienes fueron despedidos por el Procurador de los Derechos Humanos JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE, en un acto de represalia antisindical por haber participado de la formación del SITRAPDH. La Sentencia, tiene un importante valor jurídico más allá del propio proceso toda vez que al aplicar la norma de conformidad con los principios que la rigen, arroja claridad sobre aspectos a través de los cuales se ha pretendido eludir la protección que la Constitución brinda a la libre sindicalización, mismos que a la vez son acordes a los principios de libertad sindical establecidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT. Con esta resolución la Corte de Constitucionalidad revocó la Sentencia de amparo emitida en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia en favor del Procurador de los Derechos Humanos y en violación de lo expresamente previsto en la ley, en un proceso antecedido por irregularidades para favorecerle mediante un amparo provisional inserto en el expediente del amparo posteriormente a haberse resuelto…
El Congreso de la República aprobó recientemente una serie de reformas al Código de Trabajo con las cuales se aduce que dan cumplimiento a los requerimientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- relativos a dotar a la Inspección de Trabajo de poder sancionatorio directo. El MSICG, en su oportunidad remitió un despacho calificado al pleno del Congreso de la República así como comunicaciones dirigidas a los Jefes de bloque y diputados en particular, explicándoles las razones por las cuales las citadas reformas, lejos de ajustarse a lo requerido al Estado de Guatemala en cumplimiento de los Convenios Internacionales ratificados ante OIT, representan un grave retroceso ya que insisten en un modelo de regulación que ya fue aprobado en una ocasión sorprendiendo la buena fe de la OIT y que fue declarado inconstitucional por parte de la Corte de constitucionalidad. Este modelo, además de insistir en el trato inadecuado del conflicto, traslada a los Inspectores de trabajo facultades que corresponden con exclusividad a la jurisdicción privativa de trabajo por mandato del artículo 103 de la Constitución política de la República y genera condiciones de menos celeridad a la imposición de sanciones toda vez que, contrario a la regulación actualmente vigente en que el procedimiento es sometido a un máximo de dos instancias ante los tribunales y salas de trabajo y previsión social y la posibilidad de dos instancias más correspondientes al amparo, el procedimiento introducido por la reforma adiciona dos instancias obligatorias en sede administrativa…
En su oportunidad el Sindicato de Empleados Municipales Organizados de Tiquisate del Departamento de Escuintla -S.E.M.O.T.- Sindicato afiliado al Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- y sus afiliados promovieron DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO en contra del Alcalde Municipal del Municipio de Tiquisate del departamento de Escuintla HECTOR PORTILLO CORONADO. Dichas diligencias fueron promovidas por diversas acciones ejecutadas por el citado funcionario público con el objeto de destruir la organización sindical; dentro de ellas cabe destacar las amenazas ejecutadas en contra de las trabajadoras mujeres afiliadas al Sindicato a quienes de manera continuada se les amenazó con su destitución si no renunciaban a ser afiliadas al Sindicato y que ante la negativa de las trabajadoras a renunciar a su organización sindical el Alcalde Municipal procedió de forma ilegal a suspenderles el pago de sus salarios de manera indefinida y posteriormente procedió a efectuar el despido masivo de las trabajadoras sobre la base de un acuerdo de lesividad de los contratos de trabajo, contando para ello con la aquiescencia de la Jueza Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Escuintla. En resolución de fecha 14 de noviembre del año 2016, la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, resuelve declarar procedente el antejuicio promovido en contra de HECTOR PORTILLO CORONADO, en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Tiquisate del departamento de Escuintla por los delitos de abuso de autoridad, coacción, amenazas, y violencia contra la mujer en su ámbito psicológico y…
Ante la proximidad de la discusión que debe realizar el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a la decisión de instalar una Comisión de Encuesta para el Estado de Guatemala por la sistemática violación del Convenio 87 Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación que ha sido instada sobre la base en los casos e informes sometidos por el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- a los distintos órganos de control de la OIT, el MSICG ha remitido una vez más un informe detallado a dicho órgano, reiterando la superficialidad de la denominada hoja de ruta y la imposibilidad lógica de que el cumplimiento de la misma garantice el pleno respecto de la libertad sindical y manifestando que aún en los compromisos cosméticos asumidos en la misma se han operado notables retrocesos, lo cual evidencia la ausencia de voluntad política del Estado para cumplir con armonizar la legislación y la práctica al cumplimiento de los principios de libertad sindical previstos por el Convenio 87. En su comunicación el MSICG informa al Consejo de Administración sobre el incremento de los actos de violencia antisindical ejecutados en el país, la impunidad garantizada por el Ministerio Público como política de Estado en los delitos cometidos contra sindicalistas, la ausencia de implementación de medidas eficientes para garantizar la vida e integridad física de los sindicalistas, y la interferencia de actores ajenos al movimiento sindical en los análisis de riesgo que competen a miembros del MSICG…
Con fecha 8 de mayo de 1,972, la Junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- emitió el Acuerdo 522, mediante el cual se liberó de la obligación de cotizar al seguro social a una serie de altos cargos del gobierno, entre ellos: El Presidente de la República, El Vicepresidente de la República, El Presidente del Organismo Legislativo, El Presidente del Organismo Judicial, los Ministros de Estado, los Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia de la República, los Viceministros de Estado, los Diputados al Congreso de la República, los Miembros del Consejo de Estado; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de Segunda Instancia, de Cuentas, y de Conflictos de Jurisdicción; El Jefe de la Contraloría de Cuentas, los Concejales y Síndicos Municipales, los Agentes Diplomáticos y demás trabajadores del Estado con servicio en el exterior; imponiéndose a la vez la obligación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de atender a los mismos. Esta disposición ha significado; por una parte, que quienes ocupan los cargos más altos y en consecuencia los que devengan los salarios más elevados que paga el Estado, no contribuyan al régimen de seguridad social, provocando una pérdida importante de recursos en cotizaciones a los fondos del IGSS en sus programas y; por otra parte, que esta supuesta desprotección sea compensada mediante la contratación de seguros privados que se cargan al presupuesto del Estado que financiamos todos los guatemaltecos y guatemaltecas puesto que tanto…
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