Lunes, 27 Febrero 2017 00:00

MSICG acciona ante la Corte de Constitucionalidad para que los altos funcionarios del Estado cumplan con la obligación constitucional de cotizar al IGSS

Con fecha 8 de mayo de 1,972, la Junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- emitió el Acuerdo 522, mediante el cual se liberó de la obligación de cotizar al seguro social a una serie de altos cargos del gobierno, entre ellos: El Presidente de la República, El Vicepresidente de la República, El Presidente del Organismo Legislativo, El Presidente del Organismo Judicial, los Ministros de Estado, los Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia de la República, los Viceministros de Estado, los Diputados al Congreso de la República, los Miembros del Consejo de Estado; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de Segunda Instancia, de Cuentas, y de Conflictos de Jurisdicción; El Jefe de la Contraloría de Cuentas, los Concejales y Síndicos Municipales, los Agentes Diplomáticos y demás trabajadores del Estado con servicio en el exterior; imponiéndose a la vez la obligación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de atender a los mismos.

Esta disposición ha significado; por una parte, que quienes ocupan los cargos más altos y en consecuencia los que devengan los salarios más elevados que paga el Estado, no contribuyan al régimen de seguridad social, provocando una pérdida importante de recursos en cotizaciones a los fondos del IGSS en sus programas y; por otra parte, que esta supuesta desprotección sea compensada mediante la contratación de seguros privados que se cargan al presupuesto del Estado que financiamos todos los guatemaltecos y guatemaltecas puesto que tanto los Diputados del Congreso de la República como los Magistrados de la Corte de constitucionalidad, han considerado acorde a la Constitución que se libere de la obligación de tributar a importantes sectores empresariales del país, como fue resuelto por la Corte de constitucionalidad al mantener vigentes los privilegios fiscales al sector exportador y de maquila declarando sin lugar la inconstitucionalidad promovida por el MSICG en contra del Decreto 19-2016 del Congreso de la República que se sumó al beneficio de permitir a este sector pagar un salario diferenciado e inferior a sus trabajadoras y trabajadores.

Durante hace más de 44 años, tanto las autoridades del IGSS como quienes han ocupado los cargos exonerados de contribuir al seguro social, han mantenido el más absoluto silencio; en tanto el IGSS, aduciendo el debilitamiento de sus reservas, ha ido debilitando las protecciones a los trabajadores y trabajadoras, recrudeciendo las condiciones para el acceso a las pensiones y manteniendo pensiones cuyos montos carecen de la cuantía necesaria para quienes han contribuido toda su vida a la sociedad con su trabajo y al seguro social con sus cotizaciones.

Esta situación, no solo es injusta en términos sociales, y no solo es el argumento para dotar de privilegios personales a quienes ocupan los cargos mejor pagados del Estado, sino que también es inconstitucional toda vez que la seguridad social; es decir, la obligación de cotizar, se establece en el artículo 100 de la Constitución política de la República de Guatemala como una obligación de todo aquel que percibe un salario a cambio de su trabajo. Si bien es cierto, es libertad de cada quien, hacer uso o no de los servicios del seguro social, esta opción corresponde igualmente a cada quien y, en ese caso, no tiene por qué el presupuesto del Estado cargar con los costos de la decisión de los gobernantes de no querer compartir las condiciones que han creado, durante más de 44 años, para generaciones de gobernados.

Es por ello que el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- ha planteado una acción de inconstitucionalidad general total en contra del Acuerdo 522 de la Junta Directiva del IGSS a los efectos de que la misma se expulse del ordenamiento jurídico y que todos quienes ocupan los cargos que se exoneran de la obligación constitucional de contribuir al IGSS, cumplan con su deber constitucional de cotizar y para que cese la excusa para cargar al presupuesto del Estado los costos de una atención en el sector privado.

El MSICG espera que al resolver, la Corte de Constitucionalidad, asuma su deber de hacer cumplir la Constitución y haga cesar esta práctica que desde hace más de 44 años, debilita la seguridad social y justifica el pago con presupuesto del Estado de privilegios para los funcionarios mejor pagados del Estado.